El Papa Francisco realizó un fuerte alegato contra la corrupción en los distintos ámbitos sociales, y recordó que “la sociedad, en su conjunto, está llamada a comprometerse de forma concreta en contrarrestar el cáncer de la corrupción en sus diferentes formas”.
El Santo Padre realizó esta declaración en la audiencia que concedió en el Vaticano a jueces, personal administrativo del Tribunal de Cuentas de Italia, una de las instituciones que constituyen el pilar de la República Italiana.
En su discurso, el Santo Padre destacó que el Tribunal de Cuentas representa “una ética que subyace en el funcionamiento del Estado, el cual”, como señala la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, “le compete el cuidado y la promoción del bien común de la sociedad”.
De hecho, subrayó, “el Tribunal de Cuentas desempeña un servicio indispensable basado en la justicia hacia el bien común”.
“Esto no es un concepto ideológico o sólo teórico, sino que está vinculado a las condiciones de pleno desarrollo para todos los ciudadanos y puede realizarse teniendo en cuenta la dignidad de la persona en su integridad”.
Por ese motivo, “el Estado, en todas sus articulaciones, está llamado a ser el defensor de los derechos naturales del hombre, cuyo reconocimiento es una condición para la existencia del Estado de Derecho. Por lo tanto, el bien de la persona humana, entendida siempre en su dimensión relacional y comunitaria, debe constituir el criterio esencial de todos los órganos y programas de una nación”.
El Papa insistió en que “este principio es esencial también para desarrollar con sabiduría la delicada función de magistrado contable. Requiere, esa función, no sólo una elevada profesionalidad y especialización, sino, principalmente, una conciencia personal formada con rectitud, un fuerte sentido de la justicia, un generoso compromiso con las instituciones y con la comunidad”.
“En el desarrollo de esta misión, el magistrado creyente puede encontrar ayuda en el referente de Dios”, indicó. Por el contrario, “el magistrado no creyente sustituirá ese referente trascendente con el cuerpo social, con un significado diferente, pero con igual compromiso moral”.
Explicó que “el control riguroso de los gastos frena la tentación, recurrente en aquellos que se ocupan de encargos políticos o administrativos, de gestionar los recursos de un modo imprudente, con fines clientelares y con sentido electoral”.
En ese ámbito “se sitúa el importante papel que la magistratura contable supone para la colectividad, en particular en la incesante lucha contra la corrupción. Esa es una de las plagas más lacerantes en el tejido social, porque lo denigra profundamente tanto en el plano ético como en el económico: con la ilusión de ganancias rápidas y fáciles, en realidad empobrece a todos destruyendo la confianza, transparencia y fiabilidad de todo el sistema”.
“La corrupción”, continuó el Papa, “degrada la dignidad del individuo y destruye todos los ideales buenos. La sociedad, en su conjunto, está llamada a comprometerse de forma concreta en contrarrestar el cáncer de la corrupción en sus diferentes formas. El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio del control sobre la gestión y sobre las actividades de las administraciones públicas, representa un instrumento válido para prevenir y golpear la ilegalidad y los abusos”.
Por su parte, “cada administrador público debe sentir cada vez más la responsabilidad de operar con transparencia y honestidad, favoreciendo así la relación de confianza entre el ciudadano y las instituciones, cuya disolución es una de las manifestaciones más serias de la crisis de la democracia”.
“El estricto control de los gastos por parte de la magistratura contable, por un lado, y la actitud correcta y clara de los responsables de los asuntos públicos, por otro lado, pueden frenar la tentación de administrar los recursos de una manera que no es prudente y para propósitos de clientela”.
En este sentido, hizo hincapié en que “los bienes comunes constituyen recursos que deben protegerse en beneficio de todos, especialmente de los más pobres, y ante su uso irresponsable, el Estado debe realizar una función de supervisión indispensable y sancionar debidamente las conductas ilegales”.
El Papa finalizó su discurso animando a los presentes a estar “siempre animados por la conciencia de prestar un servicio, destinado a hacer que la cultura de legalidad crezca en la sociedad”.
